Las aldeas, los pueblos, los focos urbanos tienen algo en común: su Ayuntamiento. Es el órgano que sirve de nexo entre la ciudad y el ciudadano. España se ha visto sumergida en cuarenta años de oscurantiso dictatorial, de pensamientos ilegales, de expresiones prohibidas y sueños en construcción. A finales de los años 70 del siglo pasado, vemos abierta la posibilidad de reformar las instituciones desde la base civil, los Ayuntamientos. Estábamos a punto de vivir las primeras elecciones democráticas en los municipios.

El final de la Dictadura supuso un respiro, exigía soluciones cargadas de entusiasmo y compromiso con el pueblo. Al principio, como en toda etapa de cambio, nos emborrachamos de alegría; fue una borrachera sin resaca, participativa y necesaria. Vimos caer un telón de acero invisible cimentado en el control absoluto de una ideología y una persona. En el franquismo, los españoles tenían su puesto de trabajo, vivienda estatal: tranquilidad a cambio de ceder la parcela de tu libertad a la idea de una España imperial, grande y libre, sin identidad territorial.

La Constitución de 1978 traía esperanza, una luz para los sindicatos y el derecho de que algún partido político saliera de la clandestinidad, abandonando su estatus de terrorista. En su punto 1 del Artículo 22 “Se reconoce el derecho de asociación”. Se entierra la Ley General del Derecho de Asociación 191/1964, donde el asociacionismo aparece como un instrumento estatal de acorde con las normas del Movimiento nacional.
Los partidos políticos se erigieron en estandarte de la representatividad plural del pueblo. Se proclamó el sufragio activo, garantizando el voto de cualquier ciudadano y el sufragio pasivo que reconocía el derecho de los ciudadanos a presentarse en unas listas para ser votados como representantes populares.

Aún estaba fresco en la memoria histórica de España el asesinato de los abogados de Atocha el 24 de enero de 1977 por miembros tardofascistas de la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), enturviando la naciente convivencia democrática. La Dictadura franquista había dado paso a la Monarquía en la figura de Juan Carlos I de España gracias a la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947: una de las ocho Leyes Fundamentales del franquismo, tocante a la sucesión de Franco y reconocida por la Constitución. Un monarca que, avatares de la Historia, fue coronado por un dictador. Muchos vieron en él la continuidad de un estado burgués. La figura del rey sirvió como puente desde las instituciones franquistas a la Monarquía, debía de traer estabilidad, ayudaría al consenso y abriría el camino hacia una Democracia.

El 3 de abril de 1979, tras el refrendo mayoritario de la ciudadanía a la Carta Magna, tienen lugar las primeras elecciones municipales democráticas desde la Segunda República. Las del 12 de abril de 1931 no fueron del todo plurales, ya que las mujeres y el clero estaban excluidos del censo electoral. En octubre del mismo año, Clara Campoamor logró la obtención del sufragio femenino.

Esa mañana, más de veintiséis millones de españoles se despertaron con la oportunidad de dar un cambio al desarrollo de sus pueblos y ciudades. Eran ochomil treinta y tres consistorios los que buscaban inquilino, sesenta y ocho de los alcaldes elegidos aquel día, hoy continúan ocupando las alcaldías de sus municipios. Durante estos treinta años, el PP es el partido que cuenta con mayor número de ediles que han continuado en el cargo, un total de treinta y tres, seguido por el PSOE, con veintidós.