Conseguir un poco de libertad puede costar sangre, sudor o lágrimas (en ocasiones las tres cosas a la vez y hasta alguna más); el perderla es cuestión de segundos, los que se tardan en hacer un garabato en una hoja de papel.

No hace mucho que el gobierno de este país, que llamamos España, presentó un Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible que atenta contra derechos básicos de los ciudadanos que vivimos en él. La polvareda que levantó semejante desatino fue tan descomunal que, nuestro querido presidente, experto ya en desmentidos, salió raudo a prometer que se haría una revisión y que no se cerraría ninguna web sin mandato del juez.

Aprovechando la metedura de pata y el revuelo subsiguiente, el partido opositor (y uso el singular porque, aunque de nombre haya otros, de hecho no existen más que dos) se autoproclamó adalid de los usuarios de Internet y perejil de todas las salsas de la red contra la citada Ley. Así lo vociferaron a diestro y siniestro y así lo corroboraron en reunión con algunos internautas. ¡Hace falta tener mala memoria para no recordar la algarada que tuvieron que soportar en 2002, cuando estaban en el gobierno, a causa de su Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Por aquel entonces, el PSOE, en la oposición, también consideró injusta la intención de los populares y prometió actuar de forma diferente en cuanto llegase al poder. ¡Ja, ja y ja!: el pueblo polichinela de cualquiera que se presente.

La LSSI del Partido Popular , como la actual, también contemplaba la creación de un órgano administrativo competente para cerrar los sitios web que no se "comportaran". Parece que unos enseñan a los otros.

Las grandes multinacionales e industrias del sector, coreadas por la Sociedad General de Autores, han estado sacando partido de la ineficiencia o la debilidad de los sucesivos mandatarios que no han sabido abordar con ahínco y ecuanimidad una situación cada vez más insostenible que, si bien toca los intereses económicos de entidades manifiestamente incapaces de adaptarse a los avances tecnológicos, pisotea igualmente los derechos de la población. Algunos músicos y artistas han sido utilizados como voceros en provecho de las cuentas bancarias de esas sociedades.

Una voracidad recaudatoria, unida a la coacción brutal al gobierno, generaron luchas obsesivas con los usuarios de Internet por las descargas bautizadas como "ilegales", y dieron origen al famoso impuesto sobre los soportes digitales y nacimiento a la Plataforma "Todos contra el canon".

La SGAE y sus colegas, ven con terror cómo el entramado de ingresos y de control de difusión, que han tenido montado durante más de cien años, se les escapa de las manos. Internet es la criatura loca que no admite domesticidad. Aquí no es uno sólo el que decide qué o a quién se da salida; el escaparate de la red es demasiado amplio y caben en él todas las obras y los más variados estilos; hasta los autores disidentes obtienen su espacio. No existe el monopolio dictador que promulga lo que es bueno o bonito o conveniente. Es el propio público, con su criterio universal y soberano, el que concede el triunfo o el fracaso. Son muchos los canales que conducen a la equivocación pero tambien muchos, variados y eficaces los recursos para dar en la diana. Se podrá poner en circulación mucha mediocridad o hasta porquería, pero nunca dejará de ver la luz algo que merezca la pena por intereses crematísticos o por causas poco confesables.